Colegio COVID

Por gestiones realizadas por las autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor dictó, el día 20 de abril, una medida cautelar y formuló una imputación, por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, respecto del Banco Río de la Plata S.A. y del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en relación con los anuncios que tales entidades efectúan en sus páginas de Internet, respecto de la designación de escribanos para el otorgamiento de escrituras de compraventa de inmuebles.

Ambas entidades financieras, mediante anuncios de contenido similar, dirigidos a los interesados en obtener créditos hipotecarios, informan que el banco se reserva el derecho de designar al escribano que autorizará las escrituras de compraventa e hipoteca.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, toda vez que tal pretensión de las entidades bancarias constituiría una violación a lo dispuesto por la Ley 25.093, que estipula la obligación de respetar la designación del escribano que las partes efectúen en los boletos de compraventa, dispuso ?preventivamente- que los mencionados bancos se abstengan de continuar incurriendo en tal conducta, y modifiquen los anuncios, solicitudes y contratos respectivos.

En otro orden, la Subsecretaría inició los respectivos sumarios a fin de determinar la responsabilidad de las mencionadas empresas y, en su caso, aplicar las sanciones previstas por la Ley de Defensa del Consumidor, respecto de la violación del deber de brindar a sus clientes información veraz, adecuada y suficiente respecto de los servicios que prestan y por el eventual incumplimiento en la prestación de dichos servicios.

Se hace llegar la resolución Nº 108/05 del Consejo Directivo del día 2 de marzo de 2005, mediante la cual decidió denunciar el convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, hoy Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 18 de diciembre de 1998.

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En atención a ciertas opiniones que, a nivel personal, expresaron los funcionarios de la Inspección General de Justicia en la reunión celebrada en el Salón de Actos de esta Institución, el 2 de marzo de 2005, el Consejo Directivo ha resuelto hacer conocer al notariado la siguiente comunicación:

1. Que las resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia con relación a la actuación en la República de sociedades constituidas en el extranjero, de cualquier tipo o clase que fueren, responden a las atribuciones que el organismo interpreta disponer como registrador y autoridad de control.

2. La vigencia de las resoluciones antes referidas no implica, de manera alguna, desconocer la calidad de sujeto de derecho que disponen las sociedades constituidas en el extranjero ni su legitimación pertinente (art. 34 del Código Civil y 118 y ss. de la ley 19.550).

3. Como todo sujeto de derecho, conserva su poder dispositivo, mientras no se restrinja o limite mediante las pertinentes medidas cautelares o judiciales correspondientes, inscriptas en los registros respectivos.

4. No corresponde considerar «observables» o viciados de alguna forma los títulos en los cuales intervenga o participe una sociedad constituida en el extranjero, cualquiera fuere su tipo o clase, por esa sola circunstancia, debiendo el examen de aquellos regirse por las disposiciones generales de la materia.

5. Las intimaciones o requerimientos que estas sociedades reciban por parte de la autoridad administrativa de control no afectan ni limitan su legitimación de actuar.

6. El denominado Registro de Actos Aislados creado por la Resolución 8/03 de la Inspección General de Justicia, constituye un banco de datos informativo para utilización del propio organismo. En este último sentido el Consejo reitera que la exigencia del Registro de la Propiedad de la Capital Federal de exigir a las sociedades constituidas en el extranjero que no tengan instalado establecimiento en las condiciones del art. 118 de la ley 19.550 declaren expresamente que el acto celebrado es improcedente, por cuanto la instalación o no del establecimiento en la República no afecta la capacidad genérica y legitimación de la sociedad aludida, sin perjuicio de las responsabilidades que eventualmente se deriven de ello.

7. La vigencia de la Resolución 8/03 de la IGJ tampoco convalida dicho criterio ya que el Registro inmobiliario bien puede suministrar la información en tanto y en cuanto del documento presentado a registrar no se relacione la inscripción del mencionado establecimiento.

8. La presente declaración, cuyo único objetivo es aclarar al notariado de la demarcación la situación vinculada con los actos y negocios jurídicos en los cuales pueda intervenir una sociedad constituida en el extranjero, no importa juicio o valoración alguna, respecto de las resoluciones mencionadas en la misma o si las mismas se encuadran dentro de las facultades propias del organismo todo lo cual en definitiva, en su caso, corresponde resolverse en los ámbitos correspondientes.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comunica a quienes se encuentren en condiciones de peticionar la titularidad o adscripción a un registro notarial que, para poder iniciar su gestión, deberán presentar su solicitud en el Departamento de Secretaría. La misma debe estar acompañada, indefectiblemente, por los siguientes certificados que exige el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

1) Antecedentes de la Policía Federal Argentina, trámite que se gestiona en Azopardo 650.
2) Antecedentes penales expedidos por el Registro Nacional de Reincidencia, en Tucumán 1335.
3) Certificado de inhibiciones, expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, en Venezuela 1135.

Estos certificados deben ser entregados antes de los 45 días hábiles posteriores a su emisión.
No se podrá dar curso a los trámites que no tengan completa y vigente la documentación mencionada.

Con el objeto de agilizar y mejorar la atención de las Asesorías Impositivas, se ha dispuesto que los asesores atiendan hasta veinte consultas por día, de no más de doce minutos cada una. Si quedare tiempo disponible, una vez atendidas las 20 consultas previstas, los asesores continuarán prestando la atención de las mismas hasta cumplir el horario habitual de la consultoría.

Se comunica a los señores escribanos que el Consejo Directivo resolvió, con fecha 23 de febrero de 2005, aprobar la encuadernación en espiralado de las fojas movibles de certificación de firmas, con carátula al comienzo, donde se indique el nombre y el apellido del escribano, su registro notarial o autorización, junto con las fechas de la primera y la última de las actas que contiene, en un número de hasta doscientas fojas.