Se recuerda a los colegas que se encuentran vigentes la Ley 26.737, el Decreto 274/2012 y el Decreto 820/2016 sobre el Régimen de Protección de Tierras Rurales.

Dicha normativa tiene como principal objetivo determinar la titularidad catastral y dominial de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, así como establecer las obligaciones que nacen del dominio o posesión de dichas tierras, conforme las previsiones de Ley 26.737.

Asimismo, tiene como fin regular los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras,

También dispone que todos los actos jurídicos que se celebren sin respetar lo establecido en este régimen serán de nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno, en beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico.