Hace casi 2 años, el Colegio tomó la decisión de intensificar sus gestiones ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de abordar diversos temas relacionados con la aplicación de la Ley de Catastro y su reglamentación en esta jurisdicción, a través de la Ley 6437. El objetivo del Consejo Directivo fue involucrarse de manera activa en la interpretación de los alcances de esta normativa y, especialmente, en su impacto en la función notarial.

Tuve a mi cargo la responsabilidad de asistir a todas las reuniones y sesiones de trabajo junto a los directivos y funcionarios a cargo de la Dirección General de Obras y Catastro, y representantes del ámbito inmobiliario (Cámara Inmobiliaria, Consejo Profesional de Agrimensura, Cámaras de Desarrolladores Inmobiliarios y sus asesores).

A través de este espacio de colaboración, conseguimos que el Colegio asumiera un rol fundamental y consultivo en el desarrollo de esta temática.

Ante la inminente vigencia de la ley, nos propusimos instar a los organismos públicos a que la reglamentación fuera gradual y que las obligaciones profesionales no fueran intempestivas o imprevistas. También brindamos la colaboración necesaria, para lograr que -a través de nuestra intermediación- se minimizara el impacto de esta normativa en lo notarial. Para ello, nos enfocamos en el tratamiento de las exenciones, plazos y procedimientos aplicables.

Un primer gran logro fue alcanzar la exención de determinados derechos reales, como la hipoteca, el usufructo y la servidumbre. Una vez obtenido este primer avance, continuamos sobre el objeto de la obligación de constituir el estado parcelario y logramos que se limitara a las parcelas, tanto baldías como edificadas, y al derecho real de servidumbre. En esa instancia, conseguimos que el derecho real de propiedad horizontal quedara explícitamente exento de dicha obligación, es decir unidades funcionales y complementarias. 

Nuevas exenciones

El año pasado, se llevaron a cabo nuevas gestiones en respuesta a dos disposiciones emitidas en septiembre, la  D 292 y la D 299. Estas disposiciones tenían un plazo de entrada en vigencia inmediato, lo que nos impulsó a establecer un nuevo objetivo: retrasar su aplicación para permitir un análisis más acabado de sus implicaciones y efectos. Gracias a estos esfuerzos, logramos prorrogar la fecha de aplicación  y postergarla hasta febrero de 2023.

Con la entrada en vigencia de esta norma, nos enfocamos a supervisar los casos pertinentes y a mantener una comunicación constante con la Dirección de Catastro. Nuestro enfoque fue siempre ajustar el procedimiento, de manera que se alineara con las necesidades de la función notarial. 

Por último, hace pocas semanas, con la publicación de la Disposición 154/23, logramos que se exceptuara de esta obligación a las transferencias de inmuebles a título gratuito, por reorganización societaria, y de parcelas con plano de propiedad horizontal aprobadas (sin reglamento otorgado).

El asesoramiento institucional y el diálogo fructífero con los agrimensores y los organismos públicos nos permitieron arribar a estos cambios que nos benefician en nuestra tarea profesional.

La orientación y asesoramiento al colega constituyen una de nuestras principales prioridades y un pilar fundamental en nuestra labor institucional. 

Con el propósito de seguir aportando mejoras en este servicio, hemos implementado una serie de cambios a lo largo del último año, enfocados en satisfacer las necesidades del colega y atender a la creciente demanda de asesoramiento. 

La consejera Beatriz Álvarez ha sido una de las propulsoras de estas mejoras, por lo que nos comenta a Entre Líneas las directrices de estos cambios.

En los últimos tiempos, se han incrementado de manera significativa las solicitudes de apostillados destinados a distintos países, para presentar ante embajadas y consulados. Ante este escenario, el Colegio de Escribanos de la Ciudad debe dar una respuesta eficiente a personas que -ante el temor del vencimiento de un turno en sede diplomática- acuden a nuestra institución para solucionar ese inconveniente.

Para ello, desde el 1° de agosto, el Colegio ha implementado el servicio de Apostillas Urgentes y Excepcionales, con el fin dar prioridad y agilidad a aquellos trámites que requieran efectivamente este tratamiento.

El plazo de entrega de esta modalidad es de 48 h hábiles y su costo equivale a 2 veces y media el costo de la apostilla simple (actualmente $22.000). Desde el Departamento de Legalizaciones, Laura Ávalos entiende que “esta nueva implementación es una gran ordenadora de todo el volumen diario y semanal de solicitudes, porque “permite clasificar esa jerarquía de urgencias y resolver el problema de la persona que acudió al escribano. Con esto buscamos poder cumplir con un plazo de entrega más eficiente y ajustarse a las necesidades de las personas que necesitan este tipo de trámite”.

Política de ingresos de trámites

Para que el plazo de la solicitud de la Apostilla Urgente y Excepcional comience a correr el día de su ingreso, deberá ser presentada antes de las 16 h. Las ingresadas luego de ese horario, se considerarán presentadas para el día hábil siguiente.

¿Qué pasa con los trámites simples?

El servicio tradicional de apostillas (ahora denominado apostillas “Simples”) continuará vigente, manteniendo su plazo habitual de entrega de hasta 10 días hábiles.

En ediciones anteriores, el jefe de Legalizaciones, Marcelo Ranni, había destacado el aumento en la cantidad de horas en el servicio como una forma de ampliar la capacidad laboral en las escribanías y dar respuesta a esos requerimientos urgentes.