La Inspección General de Justicia ha publicado la Resolución General 1/20, mediante la cual se establece que las personas humanas que constituyan una asociación civil de primer grado, sólo en el caso de que su objeto principal sea la promoción y atención de derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables y/o comunidades étnicas que presenten condiciones de pobreza y vulnerabilidad, o la promoción y atención de cuestiones de género, o la actuación como cooperadoras de establecimientos educativos, hospitalarios u otros que provean servicios a la comunidad, tendrán la exención del pago del arancel de constitución y de reserva de denominación, y a posteriori, del de individualización y rúbrica de los libros obligatorios. Asimismo, el instrumento constitutivo podrá formalizarse opcionalmente ante la Inspección General de Justicia.
