CNCiv., Sala J, 06/10/2011. - S., A. M. c. D., J. C. y otro s/reivindicación - 

                            Buenos Aires, a los 6 días del mes de octubre de 2011, reunidas las Señoras Jueces de la Sala "J" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: "S., A. M. c/ D., J. C. y otro s/ reivindicación".  

          La Dra. Zulema Wilde dijo:  

          Contra la sentencia de fs. 292/299 se alza la demandada, quien expresa agravios a fs. 389/404. Corrido el traslado de ley pertinente, el mismo no fue evacuado. Con el consentimiento del auto de fs. 412 quedaron los presentes en estado de resolver. 

          I. La sentencia de autos acoge la demanda entablada por reivindicación y reparación de daños, y, en consecuencia, condena a la parte demandada a restituir la posesión del inmueble sito en la calle Macedonio Fernández ..., UF Nº 1, PB, esquina Alfonsina Storni ..., de esta ciudad, en el plazo que estipula, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública. Asimismo, condena a pagar la suma de $ 129.600 con más los intereses respectivos, desde su pronunciamiento y hasta el efectivo pago. 

          II. En primer lugar, es dable destacar que en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado. 

          Asimismo, los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo deben hacer mérito de aquellos que crean conducentes y de la articulaciones que juzguen valederas para la resolución de la litis (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390 y otros más). 

          III. La demandada solicita se revoque la sentencia de autos, señalando que se ha omitido considerar en el pronunciamiento en crisis que el título por el cual se transfiere la propiedad del inmueble en cuestión es posterior en el tiempo respecto de la toma de posesión de su parte, por lo que, consecuentemente, no ha reunido los extremos que exige la ley: título y modo. 

          IV. Ambas partes reconocen que el inmueble de autos está a disposición de la demandada desde octubre del año 1999, disintiendo en cuanto al carácter, mientras que el actor afirma que se entregó en comodato (tenencia), su contraria sostiene que tomaron la posesión de la cosa. 

          De la propiedad, sita en la calle Macedonio Fernández ..., se ha acreditado su dominio a nombre del actor mediante la copia certificada del título de propiedad, de fecha 4 de enero de 2011 (ver fs. 33/34), prueba informativa del Registro de la Propiedad Inmueble (fs. 110/117) y documentación original de fs. 378/382. 

          Nuestro Código Civil volvió a las fuentes romanas, apartándose del modelo francés, por lo cual no sólo es necesaria la convención que provoca como efecto la transmisión del dominio, sino que también se requiere la entrega o tradición (arts. 577 y 3265, CC). A lo que debe sumarse que, al modificarse las normas contenidas en el artículo 2505 del Código Civil, y artículos 1 y 20 de la ley 17.801, se debe inscribir el inmueble en el registro respectivo, para producir efectos frente a terceros (ley 17.711). 

          V. Es dable destacar, que la contestación de demanda fija en principio el "thema decidendum", del cual no es dable apartarse. 

          La demanda es una declaración de voluntad de quien la interpone, en la que se concretan las pretensiones a fin de intentar lograr la satisfacción de un interés u obtener el reconocimiento de un derecho, que es también un interés en sentido amplio. De allí la exigencia que la pretensión sea ejercida en términos claros y precisos. 

          Es deber del tribunal interviniente considerar y dilucidar los hechos expuestos y controvertidos por las partes, y decidir en consecuencia su encuadramiento legal. 

          La estructura del debate queda fijada por las peticiones de las partes, mas el juez provee el derecho aplicable siendo subsanable si el invocado no es correcto o completo, en virtud del principio "iura novit curia". Al calificar de acuerdo con la ley la pretensión deducida en el caso, merituará con cuidado no apartarse de las cuestiones propuestas por las partes, mas en esta cuestión actúa con entera independencia. 

          Va de suyo que el Juez no está obligado a seguir a los litigantes en sus planteos jurídicos, porque no son ellos el objeto de la decisión traída a juicio; mientras que unas conforman las peticiones otras son las razones para sustentarlas. Lo que le está vedado al Juez es apartarse de las cuestiones fácticas propuestas o vulnerar el principio "secundum allegata", modificar o sustituir las acciones ejercidas, pero de ninguna manera el encuadrar la situación en derecho, conforme a las pretensiones deducidas.  

          Por otra parte, en el mismo sentido se ha considerado que, el principio consagrado por el aforismo "secundum allegata et probeta partium debet judex iudicare", determina la prohibición al juez de ampliar su iniciativa al campo de la litis, más allá de los hechos que las partes dedujeron en el proceso, es decir que no podrá pronunciarse sobre las cosas no pedidas o planteadas en los escritos de demanda y contestación. 

          Por su parte, la teoría moderna destaca la indudable importancia de la tarea individualizadora del juez, ya sea en cuanto a las circunstancias fácticas, como a la específica aplicación de las normas contenidas en la ley. La aplicación del derecho está reservada al Estado y a sus órganos que constituyen el Poder Judicial. Las normas jurídicas imbricadas en esta línea, que muestran desde lo material y lo formal, al arbitrio judicial estructurado, dentro del ordenamiento jurídico, sin menoscabo de las normas que lo integran, conciliándolo con el objetivo de intentar lograr dar una tutela justa y eficaz de los derechos insatisfechos. 

          "Sin perjuicio de lo que opinen las partes, debe el juez como sujeto calificador e intérprete , analizar y determinar los efectos de los actos cuya experiencia se invoque, basado en la voluntad de aquéllas y en la estructura jurídica de la hipótesis concreta en comparación con las leyes en vigor" (C.S.J.N., junio 14-977, ED, 73-647). 

          La "litis contestación" que destacaba Caravantes y que en la moderna doctrina procesal se conoce como "relación", constituye el fundamento y principio del juicio, es decir, la "columna del proceso y base y piedra angular del juicio" (conf. "Tratado Histórico, Crítico Filosófico de los Procedimientos Judiciales en Materia Civil, según la Nueva Ley de Enjuiciamiento", imprenta de Gaspar y Roig Editores, Madrid, 1856, T. II, pág. 109). 

          La citada relación procesal, salvo excepciones, se integra con los actos fundamentales de la demandada y su contestación, y en tanto el primero de ellos denota la persona contra la que se intenta la acción, la naturaleza de la misma y la descripción de los hechos en que se funda (art. 330 del C.P.C.C.), el segundo delimita el "thema decidendum", y establece los hechos sobre los que deberá llevarse a cabo la prueba (art. 356 del citado Código), quedando de tal modo determinada la esfera en que ha de moverse la sentencia (arts. 34, inc. 4to., y 163, inc. 6to., del mismo cuerpo legal). 

          Es por ello que la característica central de la "contestación de la demanda", es la de delimitar los hechos controvertidos y cuáles las defensas esgrimidas como obstáculo al progreso de la pretensión de la contraparte y, por ende, establece los aspectos que deben ser materia de prueba y las cuestiones que el juez deberá considerar en el fallo (confr. Alsina, H., "Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Buenos Aires, 1961, 2a. ed., t. III, págs. 173/174; Reimundin, R., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentarios y Concordancias", Buenos Aires, 1970, pág. 615; Morello, A. M., Passi Lanza, M. A., Sosa, G. L. y Berizonce, R., "Códigos procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados", La Plata, 1972, T. IV, pág. 429 y sgts.; Cuadrado, J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Buenos Aires, 1970, 2a. ed., pág. 414; Fernández, R., "Código de Procedimientos Civil Comentado", Buenos Aires, 1955, págs. 182/183; Palacio, L. E., "Manual de Derecho Procesal Civil", Buenos Aires, 3a. ed., pág. 381; Colombo, C., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado", Buenos Aires, 1969, t. III, p. 292; Fassi, S. C., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", Buenos Aires, 1971, t. I, pág. 458). 

          En consecuencia, es dable destacar que dentro de los efectos que produce la contestación de la demanda está el fijar en forma definitiva el objeto litigioso, el marco en el que girará el debate respecto de la prueba y la sentencia (conf. Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado, Concordado y Comentado", t. III, Artículos 346 a 605, pág. 86, ed. 10-1-89). 

          "Es así que en un proceso de corte dispositivo, en lo tocante a la conformación del thema decidendum, objeto de la prueba, por lo general serán los hechos jurídicos alegados como fundamento de las demandas, defensas o excepciones deducidas por las partes, vale decir, aquellos contemplados o previstos como hipótesis legal en la norma jurídica y como presupuesto del efecto jurídico que ella acuerda (hechos principales), únicos que, en rigor, deben ser aportados por las partes para poder constituirse así en materia del thema probandum y luego del thema decidendum (Kielmanovich, ’Teoría de la prueba’, p. 39)". 

          VI. Bastaría remitirse a la contestación de demanda de los Sres. D. para comprobar que no ha sido punto controvertido el referente a la falta de tradición a favor de quien los demandara. Por el contrario, su posicionamiento está reconociendo en el accionante su calidad de propietario de la cosa inmueble y la consiguiente hipotética entrega de la posesión por aquél, por lo que mal podría aquél transmitirle derecho alguno sobre la cosa, a través del aludido boleto de compraventa y la supuesta posesión, si no estuviera legitimado para hacerlo (ver fs. 47/49). 

          Reiteradamente la jurisprudencia y esta Sala han puesto de relieve, que el escrito de contestación de demanda fija, en principio, el thema decidendum, del cual no es dable apartarse. En consecuencia pretender modificarlo al momento de expresar agravios no es posible admitirlo, porque ello implicaría alterar los términos en que fue interpuesta la acción y vulnerar consecuentemente el derecho de defensa en juicio de la parte demandada, al ingresarse una cuestión que no fue propuesta oportunamente para la decisión del juicio. Inclusive una barrera más procesal lo impide, es la norma del artículo 277 del CPCC, la que expresamente dispone que no ha de entrarse a conocer en capítulo que no fue puesto a consideración del juez de anterior instancia. 

          Además, las propias palabras de los demandados en esa oportunidad definieron su postura fáctica y su consecuente encuadre legal, por lo que no puede aceptarse que sea alterada en esta etapa procesal. 

          Lo señalado permite también aplicar la "teoría de los actos propios". 

          Dicha doctrina, sistematizada por Luis Diez Picaso (Barcelona, 1963) "Venire contra factum proprium non valet", sostiene que "nadie puede oponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, siendo inadmisible amparar semejante dualidad" (C.S. Bs. As., Ac.33.672-As 1985-III-801, Ac.33.230-As. 1985-I-57/58; L.34.396- As. 1985-II-454). 

          En la doctrina nacional Compagnucci de Caso entiende que la doctrina de los propios actos importa "una barrera opuesta a la pretensión judicial, impidiéndose con ello el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento en las relaciones jurídicas", agrega que no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se autocontradiga al efectuar un reclamo judicial. 

          Finalmente los Tribunales han sostenido que "las partes no pueden contradecir en juicio sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, como asimismo que devienen inadmisibles las pretensiones que ponen las partes en contradicción con sus propios comportamientos anteriores jurídicamente relevantes" (Alejandro Borda, "La Teoría de los Actos Propios", pág. 56). 

          VII. Por último, y sólo a mayor abundamiento, es dable hacer notar, en orden a la ya tradicional doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que "el título que acredita el derecho a poseer se refiere a la causa en que se funda el derecho de dominio y no al título entendido como documental o formal" (CC2ª La Plata, 1ra., 01/09/92, JUBA 7 B 251113). 

          Aún más, cuando "la ley habla de título posterior a la posesión del demandado, no se refiere al título mismo del reivindicante, sino también de sus antecesores en el dominio, en otras palabras, el artículo 2789 del Código Civil no se refiere al título inmediato y recién otorgado al reivindicante, sino al que obtuvieron sus causantes" (CNCiv., Sala "D", 18/05/84, LL, 1985-A-351 y JA, 1985-I-627). Más en este caso, que la demandada expresamente pone de relieve conocer a quien era el titular registral anterior, que es quien transmite el dominio derivado al actual propietario (ver, en especial, fs. 47 párrafo cuarto de estos autos). 

          De modo que el título posterior a la posesión del demandado no es sólo el que luce el reivindicante, sino los antecesores en el dominio -Sra. E. V.- (art. 2789, CC). 

          Como entre los modos de adquisición del dominio (art. 2524, CC), están los derivados, que son los que producen la transmisión de aquél, de un titular anterior al actual, nada más cabe agregar (arts. 577 y 3265 del Código Civil), y menos modificar lo decidido. 

          VIII. La demandada sostiene que la condena por daños y perjuicios resulta arbitraria porque derivaría de la supuesta ocupación indebida de los apelantes. 

          La primera cuestión planteada está referida a su alegada posesión de buena fe, en base a creerse dueños de la propiedad, por lo que a su criterio no corresponde la obligación de indemnizar por los frutos civiles que habría podido producir la cosa. 

          La tradición en sí misma, es un acto sujeto a equívocos, en razón a que la entrega de la cosa puede obedecer a diferentes causas: locación, comodato, o darla o tomarla con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad (CNCiv., Sala D, 18/05/84, LL, 1985-A-351). 

          Aunque hubiere habido posesión, como sostiene la apelante, en el sentido que había posesión de las cosas cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad (art. 2381, CC), o no se reconozca en el otro la propiedad (art. 2352 del mismo Código), ésta se interrumpió. 

          La prescripción corta basada en el transcurso del tiempo de la posesión, el justo título y la buena fe (arts. 3999, 4000, 4010, CC), quedó interrumpida por la conducta del dueño. 

          Esa interrupción civil se produce ante el requerimiento o convocatoria a la audiencia de mediación. Así ha sido interpretado por esta Sala, al ser el pedido de comparencia a este método alternativo a la solución judicial de los conflictos, obligatorio desde la sanción de la ley Nº 24.573, modificada por la ley Nº 26.589 (Conf. esta Sala in re: "S., M. I. c/ B., A. M. s/ alimentos", Expte. Nº 07238, del 28/12/99; Expte. Nº 41.470/2004, caratulado "R. M., M. c/ I. D. N. s/ aumento de cuota alimentaria", del 23/04/07; Expte. Nº 86.768/2006 caratulado "G., M. C. c/ M., S. D. s/ alimentos", del 18/03/99). 

          La norma contenida en el artículo 3986 del Código Civil hace mención a la demanda contra el poseedor, pero, al tornarse obligatoria de la mediación, es necesario retrotraerlo al tiempo de la convocatoria a ella. 

          De modo que si existe una presunción de buena fe durante el período anterior a la intimación (art. 4008, CC), no ocurre lo mismo a partir del requerimiento habido. 

          Esta demanda, dirigida contra los apelantes, así como el paso previo, legal y obligatorio de petición de concurrencia a mediación y concreción de las audiencias respectivas, constituyen todas manifestaciones de voluntad que desvirtúan la presunción del abandono del derecho por parte del acreedor y cuestionamiento del elemento externo de la posesión. 

          Demostrado que quienes tienen la cosa lo hacen en virtud de una causa que implica reconocer en otro el dominio, se ha desvirtuado la presunción iuris tantum que trae la norma (art. 2363 y concs., CC). 

          Consecuentemente, todas las disquisiciones acerca de una posesión ilegítima, sea de buena o mala fe, son inconducentes para modificar lo decidido, porque es evidente que aquél dejó de ser poseedor de buena fe desde el momento en que se cuestionó su derecho a poseer. 

          Por lo que nada cabe que sea modificado de la sentencia cuestionada. 

          IX. La demandada también solicita se revoque la sentencia en cuanto al monto por el que fuera acogida la acción de daños derivados de la ocupación indebida, basando esa aparente queja en que las mejoras introducidas en el inmueble por ella incrementaron la suma estimada por el perito.  

          Nótese que la apelante reconoce que el mercado inmobiliario ha ido evolucionando en materia de precios con el devenir del tiempo (ver fs. 398 vta./399). 

          Además, cuando se estimó el valor locativo promedio anual desde el 09/05/01 hasta febrero de 2009 se tomaron en consideración los precios de mercado correspondientes a la zona donde está la propiedad, así como la variación en la partidad cambiaria del dólar estadounidense. 

          Debe decirse que el valor probatorio de un peritaje se mide por su apoyo gnoseológico y científico, es decir, por la seriedad, prolijidad y exhaustividad del camino seguido por el experto para arribar a sus conclusiones. Dado que el juez es entonces un sujeto cognoscente de segundo grado -conoce a través del perito y con el auxilio técnico que éste le brinda-, la estimación de la fuerza de convicción del dictamen se subordina a un análisis crítico de las razones y fundamentos que han conducido al experto a la formulación de sus juicios. 

          Cabe hacer notar que el demandado no formuló observaciones al informe brindado en el año 2003. Además, reiterando lo puesto de relieve en lo decidido, no ha reclamado por las mejoras introducidas en el inmueble en los presentes y ha usufructuado de aquéllas, desde que las incorporó, por lo que nada debe ser modificado de lo decidido. 

          X. En cuanto al tópico de las mejoras introducidas en el inmueble de autos, el reclamo por parte del apelante, en este estadio procesal, no cabe que sea receptado. 

          No se entra a conocer si las mejoras fueron necesarias y útiles, porque a pesar de su insistencia, hoy la demandada no peticionó nada a su respecto en la contestación de demanda, como claramente lo expresa la sentencia. 

          La consagración del principio dispositivo, en nuestro sistema procesal, implica que los litigantes son los encargados de afirmar los hechos antecedentes del caso, entre otras cargas que tienen, como el impulso procesal y el aporte de los elementos probatorios respectivos. 

          De allí que el límite puesto por la ley a la actividad jurisdiccional en cuanto a hechos no afirmados por no haber sido propuestos por las partes, es claro y tajante. 

          Si bien este principio dispositivo emanado se basa en una antigua premisa referida a que el proceso civil no contiene cuestiones de interés general, criterio sin duda estrecho, porque la obtención de la verdad y el derecho es de interés social, la realidad muestra que el mismo se aplica de manera única sin relacionarlo con los demás. 

          Mas la aportación de los hechos estaría exclusivamente puesta en cabeza de las partes, sin perjuicio de la problemática de la aportación de elementos probatorios sobre los hechos controvertidos y conducentes. 

          Por aplicación del principio dispositivo, la decisión del juez ha de ser congruente con la forma como ha quedado trabada la litis, ni excediéndose, ni en menos acorde a la materia de la controversia. 

          La debida y estricta correlación, adecuando las cuestiones pretendidas por el actor, así como la oposición del demandado en sus escritos iniciales. (Ver entre otros, Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", Tomo I, Pto. 157, El principio dispositivo, Páginas 570 a 585, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996). 

          La jurisprudencia podrá ser unánime -como sostiene el apelante- en materia de reconocimiento al poseedor de buena fe, respecto de los gastos necesarios y útiles, en la medida que los requiera en la etapa procesal oportuna y se los articule a través de una acción. 

          Esta última cuestión debe ser tratada por cuanto "los principios rectores del proceso son pautas directrices que conducen tanto al legislador, como al juez que debe aplicarlos o al jurista que habrá de ponderar el sentido de las instituciones y proponer su interpretación congruente. Estos principios formativos o monitores, inspiran las soluciones de los códigos y están reflejados en cada una de sus disposiciones normadas" (Eisner, Isidoro, "En torno a la preclusión por consumación", LL, 1987-E-400). 

          Así, el principio dispositivo conforma una manifestación del principio de la garantía de la defensa en juicio, y obliga al tribunal a una decisión expresa, positiva y precisa conforme a las pretensiones contenidas en la demanda (C.S.J.N., 04/07/2003, "Cattaino, José A."), sin que los jueces estén facultados para alterar las bases fácticas del proceso y la "causa petendi". El principio de preclusión, por su parte, ha sido conceptualizado como una emanación procesal de la doctrina de los actos propios (ídem, 05/03/1987, LL, 1987-C-1). 

          Uno de los dogmas más caros al principio dispositivo es que el juez no puede investigar la existencia de hechos no afirmados por las partes. Las facultades del juez para esclarecer los hechos tienen una doble limitación: le está vedada la posibilidad de investigar hechos no alegados y tampoco puede verificar la existencia de hechos expresamente admitidos por la parte contraria, con excepción de los llamados procesos civiles "penalizados" donde el interés público hace que se amplíen las facultades judiciales (conf. Arazi, Roland, "Potestad y deberes de los jueces [en el proceso civil]", LL, 1981-A, 869). 

          Ha sostenido reiteradamente nuestro máximo Tribunal que, si bien los jueces no están vinculados por la calificación jurídica de las partes, en virtud del principio "iura novit curia", pudiendo enmendar o reemplazar el derecho mal invocado, no están facultados para alterar las bases fácticas del proceso y la "causa petendi". El pronunciamiento ultra petita menoscaba el derecho de defensa en juicio (C.S.J.N., 24/06/2004, "Sorba, Luis E. y otros c. Superintendencia de Seguros de la Nación y otro", RCyS, 2005-II, 28, LL, 21/09/2004, pág. 4)" (Del voto de mi distinguida colega de Sala, Dra. Marta del Rosario Mattera, en autos "Irribarren De Salacca, Carolina Lucía y otro c/ Pierro, Marcos Alejandro y otros s/ daños y perjuicios- resp. prof. médicos y aux." [Expte. Nº 103.691/1999], del 31/08/06). 

          "Las normas contenidas en los arts. 34, inc. 4º, y 163, inc. 6º, consagran en el Código ritual el principio de congruencia, el que, como resultado del sistema dispositivo, obliga a los jueces a respetar los límites en que ha quedado trabada la litis, exigiendo de su parte la estricta adecuación del pronunciamiento judicial a las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y la oposición del demandado en sus presentaciones iniciales, teniendo en cuenta que incumbe a las partes fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica" (conf. Kielmanovich, Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, nota al art. 34, pág. 59 y ss., LexisNexis, Buenos Aires, 2003). 

          La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente la raigambre constitucional de dicho principio: "El carácter constitucional del principio de congruencia se sustenta en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, como expresión del derecho de propiedad y de la defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos" (C.S.J.N., 18/9/1980, "Bacqué, Marcel c. Multicambio S.A.", LL, 1991-B-10; ídem, 13/10/1994, LL, 1995-B-316; íd., 17/03/1998, "Martínez, Marcelo y otros", LL, 1998-C-80; Fallos: 304:355). Ello así, por cuanto "Lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias" (causa: F.284.XXIII, 25/02/1992, "Ferreyra, Andrea B. c. Ulloa, Carlos D.", LL, 1992-C-185; ídem, 13/10/1994, LL, 1995-B-316). 

          El principio de preclusión supone -e impone- un orden, un encadenamiento regular en diversas etapas, dentro de las cuales habrán de cumplirse ciertos actos procesales, careciendo de eficacia los que se ejecuten fuera de ellas. Cada momento, cada período en el proceso, se va agotando por diversas razones; la primera y fundamental, vinculada con los plazos, es el mero transcurso del tiempo, existiendo otras tales como el ejercicio de la carga procesal respectiva, o porque se desistió de alguna prerrogativa, o no se activó eventualmente la facultad que el sujeto del proceso tenía (Rosenblat, Héctor Claudio, "Los plazos procesales y la preclusión", LL, 1995-B-1346). 

          Lo que se procura es, precisamente, que el proceso judicial sea un mecanismo dinámico, a la par que seguro, de modo que los actos sucesivos que componen su curso avancen y se incorporen en el orden previsto y sin retroceso, de modo que sus efectos queden fijados irrevocablemente y puedan valer de sustento a futuras actuaciones (conf. Eisner, "Preclusión", Enciclopedia Jurídica Omega, XXII-779; CNCiv., Sala A, LL, 2001-D-127). 

          Este efecto no sólo alcanza a la facultad de renovar cuestiones planteadas y decididas, sino también a la de proponer cuestiones no planteadas, pero que podían haberse planteado (v.gr.: arts. 271 y 277, del Código Procesal). Ello es así, puesto que si con respecto a una determinada cuestión se cerró la sustanciación, en virtud del ejercicio o pérdida de la correspondiente facultad procesal de las partes para sustentar sus pretensiones, la misma quedó precluida, al haberse consumado dicha facultad procesal" (Ver voto ya citado). 

          Efectivamente, este supuesto es el que se plantea, por cuanto la demandada pretende introducir en este estadio procesal el resarcimiento de los gastos realizados en el inmueble, tema que no fuera oportunamente articulado en su contestación de demanda. La sentencia dictada lo destaca con claridad, no hubo reconvención, ni petición expresa respecto al punto, por lo que nada cabe resolver a ese respecto. 

          De la síntesis efectuada se desprende que, efectivamente, en los agravios se pretende introducir una acción de resarcimiento que fue sometida al conocimiento de la magistrada de grado, correspondiendo en orden a lo dispuesto por el art. 277 del Código Procesal, abstenerse de tratarlas en esta instancia. Como se señalara precedentemente, dicha norma es una aplicación práctica y expresa del principio de preclusión. 

          Por lo que nada cabe modificar de lo decidido en este aspecto. 

          Señálase que las costas no constituyen un castigo para el perdedor sino que importan sólo un resarcimiento de los gastos que ha debido efectuar la parte a fin de lograr el resarcimiento de su derecho, a objeto de que ellos no graviten en definitiva en desmedro de la integridad del derecho reconocido (conf. esta Sala in re: "Falduto de Bárbara Rosa Luján c/Altvarg Francisco y otro s/Daños y Perjuicios", expte. nº 96936/00, del 9/12/2005; CNCiv., Sala M, 10/4/1991, "Romero Ramón A. y otro c/ Comisión Municipal de la Vivienda", JA, 1991-III). 

          La ley establece que la imposición de las costas se regirá por el principio objetivo de la derrota, con prescindencia de la buena o mala fe del vencido, pues se trata, antes que de una sanción, de un resarcimiento que se impone a favor de quien se ha vista obligado a litigar. 

          No basta con disentir, que es lo que hace el apelante. 

          Además, tampoco es válido sostener que la actora fue vencida en alguno de sus reclamos porque es alternativo el pedido de resarcimiento del rubro que se destaca y no acumulativo, como parece entender la demandada, lo que varía sustancialmente la cuestión en estudio (véase escrito de incio, en especial fs. 12). 

          No existiendo mérito para apartarse del principio general en esta materia, sólo cabe confirmar lo resuelto. 

          En consecuencia, doy mi voto para que: 

          I. Se confirme la sentencia recurrida en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y de agravios. 

          II. Sin costas en esta instancia, en atención a la ausencia de controversia. 

          La Dra. Beatriz A. Verón adhiere al voto precedente. 

          Buenos Aires, octubre 6 de 2011 

          Y Vistos: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal resuelve: 

          I. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y de agravios. 

          II. Sin costas en esta instancia, en atención a la ausencia de controversia. 

          III. Para conocer los honorarios regulados en la sentencia a fs. 298 vta./299, apelados a fs. 302 por altos, y a fs. 301, fs. 305, y fs. 314 por bajos. 

          En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 38 y conc. de la ley 21.839, y por resultar ajustados a derecho, confírmense los honorarios regulados a los letrados intervinientes, así como los de los peritos y demás profesionales actuantes en autos. 

          Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

          Se deja constancia que la Dra. Marta del Rosario Mattera no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). - Zulema Wilde. - Beatriz A.Verón.