CNCiv., Sala A, 10/06/2011. - G. M., L. J. c. J., M. A. s/daños y perjuicios - [ED, 250-198] 

                            En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de junio del año dos mil once, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "G. M., L. J. c/ J., M. A. s/ daños y perjuicios", respecto de la sentencia, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: 

          ¿Es justa la sentencia apelada?  

          Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: Ricardo Li Rosi - Hugo Molteni - Luis Álvarez Juliá. 

          A la cuestión propuesta el Dr. Ricardo Li Rosi, dijo: 

          I. La sentencia recaída a fs. 430/445 admitió parcialmente la demanda entablada por L. J. G. M. contra M. A. J. y contra B. C. S.R.L. En consecuencia, condenó a las últimas a pagar a la primera, en el plazo de diez días, la suma de pesos sesenta mil cuatrocientos ($ 60.400) con más los intereses y las costas del proceso. 

          Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas de ambas partes. 

          La actora expresó agravios a fs. 458/461, los que fueron replicados por el emplazado J. a fs. 486/489. 

          B. C. S.R.L. y J. hicieron lo propio a fs. 472/475 y a fs. 486/489, respectivamente, obrando la contestación de la accionante a fs. 492/494. 

          II. De modo previo a tratar los agravios vertidos por las partes en esta Alzada, creo oportuno efectuar un breve resumen de los hechos que originaron el presente litigio. 

          Relata la actora que, junto a su esposo, explotaba un puesto de comidas caseras en el Mercado de Hacienda de Liniers, el que no poseía canilla de agua potable, motivo por el cual acudía a diario a cargar bidones a la casilla de la firma B. S.R.L., donde se desempeñaba como encargado el demandado J. 

          Como todos los días, el 3 de agosto de 2006, a las 7.00 hs., la actora se encontraba cargando los bidones de agua, cuando el Sr. J. se le abalanzó por detrás, tapándole la boca con la mano y asiéndola fuerte mientras le exigía que lo besara. Explica la actora que intentó liberarse pero el demandado se encontraba enloquecido, fuera de sí, y sosteniéndole la boca para que no gritara, terminó besándola con toda su fuerza, provocándole hinchazón y sangrado de su boca que le duró varios días. El forcejeo continuó, hasta que logró liberarse y se dirigió al local donde se encontraba su ex marido, quien le solicitó una explicación al verla en el estado en que se encontraba, la que optó por no dar para evitar un mal mayor. 

          Refiere que el Sr. A. J. B., encargado en el maxikiosco ubicado en el centro del mercado, fue testigo de la situación vivida por la actora y le aconsejó que se dirigiera a la Policía. Momentos después de lo ocurrido, la actora estalló en pánico, llanto y gritos, por lo cual la gente del lugar tomó conocimiento del hecho. 

          Indica que, como consecuencia de lo sucedido, debió vender su parte del puesto, se empleó en casas de familia y se separó de su esposo, quien se sintió "un infeliz" que no pudo afrontar lo ocurrido. 

          Corrido el correspondiente traslado de ley, se presenta el demandado J., negando los hechos relatados por la actora y brindando su propia versión de los mismos. Así, indica que es capataz de la firma B. C. S.R.L. desde varios años atrás, y que el día de los hechos la actora concurrió a su puesto de trabajo para abastecerse de agua. Al incorporarse para trasladar el bidón, se golpeó el labio con el demandado, quien intentaba saludarla cordialmente con un beso en la mejilla, dado el conocimiento que existía entre ellos. Ante el accidente involuntario, la actora se retiró sin inconvenientes, por lo que su relato fue totalmente inventado, los hechos nunca existieron ni fueron de su autoría. 

          A su turno, B. C. S.R.L. expone que ninguna responsabilidad le cabe ya que no existe daño alguno que deba ser resarcido, oponiendo asimismo falta de legitimación pasiva para ser demandada en estas actuaciones. 

          Producida la totalidad de la prueba ofrecida por las partes, y cumplidos todos los pasos procesales, el Sr. Magistrado de la anterior instancia dicta sentencia haciendo lugar a la acción entablada. Para así decidir, tuvo en cuenta la condena de un año y seis meses de prisión que en sede penal recayó sobre el emplazado J., por considerarlo los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 autor del delito de abuso simple del cual fue víctima la demandante en este proceso, resolución que se encuentra firme. 

          Asimismo, extiende los efectos de la condena a la codemandada B. C. S.R.L., atribuyéndole responsabilidad objetiva en los términos del art. 1113 del Código Civil. 

          III. Bajo este contexto, el emplazado J. requiere que se revise en esta Alzada la cuestión relativa a la responsabilidad que se le achaca por el hecho ventilado en autos. 

          Sostiene que la actora no probó en las presentes actuaciones el hecho que denuncia, cuestionando los testimonios en los que se valió el Tribunal de sede penal al dictar la condena. 

          Hace hincapié en las condiciones personales de los testigos y en la falta de credibilidad de sus dichos, y solicita en esta instancia de apelación que, dada la falta de pruebas idóneas que comprometan su responsabilidad, se revoque la sentencia y se rechace la acción. 

          Sabido es que la sentencia penal firme, condenatoria del acusado, define dos cuestiones: por un lado la verificación de la existencia del hecho constitutivo efectuada por el Juez Penal, que es definitiva e impide discutir en la instancia civil su existencia misma y, por otra parte, la imposibilidad de rectificación en sede civil de lo decidido sobre la culpa del condenado, asunto éste que no puede ser ya materia de prueba ni cae bajo la apreciación del juez civil, quien debe aceptar la calificación de culpabilidad de los tribunales represivos y tener por juzgada la ilicitud en que se funda dicha condena (conf. Llambías, J. J., "Límite de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil", public. en El Derecho 84-771; citas de Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por Daños", T. I, nº 108, pág. 297; Acuña Anzorena, en Salvat, "Fuentes de las Obligaciones", T. IV, nº 2952, nota 26 a; Borda, G., "Obligaciones", T. II, nº 1616, ente otros). 

          Los límites de la autoridad de cosa juzgada que tiene la sentencia penal firme, condenatoria del acusado, están indicados en el art. 1102 del Código Civil. Esta disposición rige tanto para quienes fueron parte en el proceso penal, como respecto de los terceros, dado que la cosa juzgada puede ser invocada inclusive de oficio (conf. Salas, A. E., "Código Civil anotado", t. 1, p. 567, coment. art. 1102 y jurisprudencia cit. en nota 7 y 8). 

          En el caso, la sentencia condenatoria obrante a fs. 283/ 295 de la causa penal (expte. nº 2885) se encuentra firme, en tanto el recurso de casación interpuesto por el aquí demandado fue declarado desierto mediante la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal de fecha 25/11/2009. 

          Es por ello que, sin perjuicio de valorar el esfuerzo argumentativo del recurrente, las cuestiones que se pretende reabrir se encuentran ampliamente precluidas y exceden el marco de discrecionalidad con el que cuenta el sentenciante a la hora de decidir. 

          Luego, no existe discusión acerca de la responsabilidad del demandado J. en el hecho que nos ocupa, sino que el foco de debate se centra en la situación de dependencia en que aquel se encontraba respecto de su empleador, coaccionado B., a quien se le formula reproche para atribuirle la responsabilidad refleja consagrada en el artículo 1113, primera párrafo, del Código Civil. 

          En base a lo expuesto, el agravio de J. relativo a la responsabilidad que se le atribuyera en la anterior instancia no tendrá favorable acogida. 

          IV. Como ya adelantara, distinta es la cuestión planteada por la demandada B. C. S.R.L., quien se agravia de la responsabilidad objetiva que se le endilgara por el obrar de su dependiente. 

          Al respecto, refiere que el hecho fue claramente fuera del horario de trabajo y de las actividades habituales que le fueran asignadas a J., quien se encontraba en el lugar que se le asignaba para descansar, en un marco de privacidad que se deriva del mismo. 

          De allí, considera, que no hay responsabilidad objetiva que pueda aplicarse en la especie. Por ello, solicita se lo libere de los efectos de la condena recaída en autos. 

          Para que exista la responsabilidad refleja de alguien por el hecho de otra persona es menester la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º) que haya relación de dependencia; 2º) que medie un acto ilícito obrado por el dependiente; 3º) que el acto haya sido efectuado en ejercicio o con motivo de la incumbencia; 4º) que haya provocado un daño a un tercero; 5º) que haya relación de causalidad eficiente entre el acto del dependiente y el daño del tercero (conf. Llambías, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, to. IV-A, Abeledo-Perrot, pág. 251). 

          Se encuentra establecido el ilícito cometido por J., la relación de causalidad entre ese hecho y los daños padecidos por la actora, y el vínculo laboral existente con B. C. S.R.L. De este modo, y a tenor lo ya expuesto, la solución pasará por determinar si el acto ilícito producido por el subordinado, antecedente adecuado de los daños padecidos, ha sido llevado a cabo en ejercicio o con motivo de las funciones desarrolladas para su principal. 

          En este sentido, se ha establecido que la responsabilidad del comitente por actos del dependiente realizados "en ocasión" de sus funciones, se refiere a aquellos que no hubieran podido realizarse de no mediar dicha función (conf. Sala F, "Dos Reis e Hijos S.A. y otro c/ Díaz, Gabriel y otros", de fecha 27/06/1980, La Ley 1982-C-449). Del mismo modo, dentro de la ocasión quedan comprendidos aquellos actos que únicamente pudieron ser llevados a cabo por el dependiente en tal calidad y por mediar esas funciones (conf. Sala G, "Prieto, Adela y otros c/ Trinidad, José y otros", del 10/04/86, La Ley 1987-A-310). 

          A su vez, para caracterizar el concepto de "ocasión", debe ponderarse la existencia de una adecuada relación entre la función y el daño, ponderada a la luz de la normativa de los arts. 901 y sgtes. del Código Civil (Conf. Superior Tribunal de Río Negro, autos "Manuel de Ortiz Noemí c/ Rodríguez Olga y otro", La Ley 1993-D-67, nota de la Prof. Dra. Kemelmajer de Carlucci). 

          En este orden de ideas, se ha dicho que el fundamento de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente radica en el riesgo creado: quien se vale de dependientes para desplegar sus actividades debe asumir el riesgo de las contingencias dañosas que la conducta u omisión de éstos genere con relación a terceros, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Tal situación supone, necesariamente, la necesidad de que el comitente asuma el riesgo de la actividad por él creado frente a terceros (conf. Pizarro, Ramón Daniel, "Responsabilidad Civil por Riego Creado y de Empresa", tº III, Ed. La Ley, pág. 124). 

          En el caso en cuestión, no esta controvertido que la dependencia donde se produjo el ilícito pertenecía a B. C. S.R.L., y que J. se encontraba en el lugar donde ejercía sus funciones como capataz. Ahora bien, sin perjuicio de que nada se probó en relación al horario de trabajo del emplazado, si allí se encontraba, se presume que estaba en ejercicio de sus tareas habituales. Más aún en un lugar como el Mercado de Hacienda de Liniers, donde las jornadas de trabajo comienzan temprano en la mañana. Repárese al respecto en los testimonios de los Sres. N. (v. fs. 199), L. (v. fs. 200), Bulzomi (v. fs. 203), L. (v fs. 204), quienes afirman que las actividades se inician a partir de las 5 de la mañana. Tratándose de una consignataria de Hacienda, de la que el emplazado era capataz, es razonable concluir que este último al momento del hecho se encontraba en plena jornada de trabajo. 

          No se trata entonces, como afirma la recurrente, de un hecho en que incurriera J. en un ámbito de privacidad que no podía vulnerar. Por el contrario, en plena actividad laboral, su dependiente se valió del espacio que le concediera la apelante para cometer el ilícito. En ese mismo ámbito laboral es que la actora, quien de modo cotidiano concurría al establecimiento de B. a cargar los bidones de agua para utilizar en su negocio, fue abordada por J. 

          En este entendimiento, el caso hipotético planteado por la recurrente del "encargado de campo", que comete un ilícito fuera de su horario de trabajo en la vivienda concedida por el "dueño del campo", dista de tener relación con el ventilado en autos. Es que, como ya se manifestara, no ha sido desvirtuada la presunción de que el dependiente se encontraba en ocasión de sus tareas y en horario laboral. Por otro lado, aun si se tuviera por cierto que el lugar donde se cometió el ilícito hubiera sido concedido a J. para su descanso en plena jornada laboral, mal podría asemejarse ello a una "vivienda", cuyo ámbito de privacidad habría que respetar. 

          Así, al estar acreditada la culpa de la dependiente, y dadas las características del caso, deviene inexcusable la responsabilidad de la emplazada como comitente por el daño causado por quien se encontraba en ejercicio de la función encomendada (art. 1113, primera parte del Código Civil), con fundamento en el "deber de garantía del principal" (conf. Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría general de la responsabilidad civil", pág. 291, nº 942; Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio - Zannoni, "Código Civil comentado, anotado y concordado", t. 5, págs. 446/448, nº 6). 

          En virtud de lo hasta aquí expuesto, propondré a mis distinguidos colegas la confirmatoria de la resolución apelada en lo que a este punto respecta. 

          V. Resueltos los agravios relativos a la responsabilidad, debo ahora analizar las partidas indemnizatorias que han sido objeto de queja. 

          Al respecto, cabe recordar que el art. 265 del Código Procesal exige que la expresión de agravios contenga la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas. Y en este sentido, el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe de motivar y fundar su queja, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se hubiere incurrido en el pronunciamiento, o las causas por las cuales se lo considera contrario a derecho (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial, Anotado, Comentado y Concordado", tº I, págs. 835/7; CNCiv., esta Sala, libres nº 37.127 del 10/8/88, nº 33.911 del 21/9/88, entre muchos otros). En este orden de ideas, sin embargo, bien vale destacar que la mera disconformidad con la interpretación judicial sin fundamentar la oposición, ni concretar en forma detallada los errores u omisiones del pronunciamiento apelado no constituye la crítica para la que prescribe la norma (conf. CNCiv., esta Sala, 15.11.84, LL 1985-B-394; íd., Sala D, 18.5.84, LL 1985-A-352; íd., Sala F, 15.2.68, LL 131-1022; íd., Sala G, 29.7.85, LL 1986-A-228, entre muchos otros). 

          Desde esta perspectiva, considero que los pasajes del escrito a través de los cuales la actora pretende fundar sus agravios no logran cumplir, siquiera mínimamente, con los requisitos antes indicados. Por el contrario, constituyen un mero disenso con la resolución apelada en lo que hace a los montos conferidos. Así, se califica a la suma conferida en concepto de daño psíquico y tratamiento psicológico como "ínfima" y se pone de manifiesto una oposición al rechazo del lucro cesante, para terminar con un detalle de los montos pretendidos por los rubros cuestionados. 

          Debería coincidirse en que no se ha integrado una expresión de agravios conforme lo requiere la normativa procesal, motivo por el cual haré lugar al pedido de deserción de la parte emplazada. 

          En consecuencia, propongo se aplique la sanción establecida en el art. 265 del Código Procesal y se declare desierto el recurso de la parte actora. 

          VI. Ha sido motivo de agravio por parte de las accionadas las sumas conferidas en la anterior instancia en concepto de daño y tratamiento psicológico, quienes solicitan el rechazo de las partidas o bien la disminución de las mismas. 

          Consideran que el anterior sentenciante se ha atenido a las conclusiones de la perito designada en autos sin tener en cuenta que la incapacidad detectada en la actora encuentra su génesis en situaciones personales que no guardan nexo causal con el hecho de marras. Dicha circunstancia, sostienen, no ha sido tenida en cuenta en la anterior instancia, obligándolos la sentencia a reparar perjuicios de los cuales no son responsables. 

          Para justipreciar en forma adecuada la partida en cuestión, deviene necesario proceder al análisis de los informes periciales practicados en autos sobre la damnificada. 

          La perito psicóloga B. M. D., luego de entrevistar a la accionante y practicar la batería de tests de rigor, deja asentado en su informe que "se detectan signos de vivencias traumáticas que han producido una situación de stress y ansiedad sumamente fuerte y que al tiempo de haber vivido la situación que se ventila en autos y del tratamiento psicoterapéutico que realiza no ha sido elaborada (...) presenta muy buenos recursos aptitudinales, lo que da cuenta de que la situación traumática ha sido tan fuerte que a pesar de las buenas reservas que posee, no ha encontrado en el Yo una adecuada elaboración (...) Estos signos de vivencias traumáticas se han originado en la situación de abuso que ha relatado, la cual siente como en estado presente y repetitiva.... 

          La experta no pasa por alto la situación de violencia doméstica que previamente aquejaba a la actora, por lo que concluye que "esta vivencia perniciosa para el yo, encontró campo fértil en una persona que no ha sido adecuadamente contenida ni valorada por la figura del marido quien ante el conocimiento del hecho, según refiere la actora, la acusa de ser la insinuadora (...) su esposo también de alguna manera abusaba psicológicamente de ella, dado que era violento con ella en la vida cotidiana y en la intimidad de la pareja, es decir que el hecho de autos vino a incrementar la vivencia de desamparo y sometimiento en una personalidad a priori vulnerable...". 

          Bajo este contexto, determina que se detecta en la paciente un stress postraumático de tipo severo, estimando un 35% de incapacidad. Recomienda también encarar un tratamiento psicoterapéutico de aproximadamente dos años de duración, de dos sesiones semanales, a un costo de $ 80 la sesión. 

          Al contestar el punto 1 de los puntos de pericia de la parte demandada, la experta indica que la sintomatología y porcentaje de incapacidad que se ha detectado es consecuencia directa de la situación de autos. 

          Respecto a la situación de violencia previa que sufría en su matrimonio la paciente, entiende la perito que "...la Señora L. G. M. presentaba una situación de sometimiento y abuso psicológico por parte del esposo pero la situación traumática vivida vino a incrementar y a desbordar su estado emocional razón por la cual el stress post traumático alcanza la severidad que se ha discriminado...". En este mismo sentido, deja asentado que "...si bien la sujeto presentaba cierta vulnerabilidad como consecuencia del vínculo conflictivo que mantenía con el marido, había podido compensar, esta cantidad determinada de efectos traumáticos, con defensas que le permitieron una forma determinada de ver el mundo y manejarse en él, al aparecer el acontecimiento externo, inesperado y ajeno a su voluntad (que se tramita en autos) alteró lo que hasta ese momento era esa forma de manejarse...". 

          Finaliza su informe estableciendo que los porcentajes de incapacidad tienen carácter de permanentes ya que una situación traumática deja una huella en el psiquismo (cfr. fs. 320/327). 

          No paso por alto los hechos de violencia doméstica que sufría la actora de previos al hecho ventilado en autos, que ella misma ha traído a la causa. En la demanda de divorcio que iniciara contra su ex marido, O. H. B., cuenta la accionante que este último desde el mismo inicio de su relación conyugal tenía hacia ella reacciones violentas, llegando a golpearla incluso durante el embarazo de su primera hija (cfr. fs. 263/263 vta.).  

          Dicha situación tampoco pasó inadvertida por los emplazados, quienes observaron, entre otros puntos, las conclusiones periciales relativas al porcentaje de incapacidad atribuido al hecho de marras. 

          Al contestar las impugnaciones que mereciera su dictamen, la licenciada D. resaltó el hecho de que "no se detecta patología anterior ya que a pesar de no haber mantenido una buena relación de pareja, esto no entorpecía su desarrollo vital y podía lograr un pasar estable y consistente. Sus antecedentes son irrelevantes como concausa preexistente (...) el stress post traumático es un trastorno nuevo en la vida de la actora ya que el hecho de marras vino a romper su estructura a nivel familiar, laboral y social existente hasta ese momento" (cfr fs. 347, pto. g) "no se detecta patología anterior ya que a pesar de no haber mantenido una buena relación de pareja, esto no entorpecía su desarrollo vital y podía lograr un pasar estable y consistente. Sus antecedentes son irrelevantes como concausa preexistente" (cfr. fs. 365, pto. g). 

          Asimismo, reafirmó que "la incapacidad es de 35% y no posee más grado de incapacidad por cuestiones ajenas a la litis. Presenta una perturbación profunda del equilibrio emocional, que guarda adecuado nexo causal con el hecho de marras y una significativa descompensación que perturba su integración en el medio social" (cfr. fs. 358, pto. j). 

          O sea, la experta es categórica en cuanto a que la incapacidad detectada tiene relación exclusiva con el hecho de marras, y que no puede asignarse categoría de concausa a la situación de violencia familiar experimentada por la damnificada. 

          Tengo en consideración que las impugnaciones de las emplazadas no se encuentran respaldadas por dictámenes de un perito de parte desvirtuando las conclusiones a las que arribara la experta de oficio designada en autos. Así, cabe recordar que para apartarse del análisis efectuado por el perito en una materia propia de su arte, se debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se encuentra reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Sin embargo, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones periciales de aquel (conf. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", t. IV, pág. 720 y jurisprudencia allí citada; Morello-Sosa-Berizonce, "Código Procesal Civil y Comercial, comentado y anotado", pág. 455 y sus citas; Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado", pág. 416 y sus citas; esta Sala, voto del Dr. Hugo Molteni publicado en LL 1991-A, pág. 358 y L. nº 375.513 del 19/9/03). 

          Sin embargo, en relación a los porcentajes de incapacidad cuestionados, habré de señalar, como dijera precedentemente, que esta Sala participa del criterio jurisprudencial que relativiza el valor probatorio de los mismos, porque si bien constituyen un dato de importancia a los efectos de orientar al juzgador, lo cierto es que no obligan a éste, a quien, en definitiva, lo que le interesa a los fines de precisar la cuantía resarcitoria es determinar previamente la medida en que la disfunción puede repercutir patrimonialmente en la situación de la víctima, a cuyo fin no podría sujetárselo a estrictas fórmulas matemáticas que, en general, no son aptas para traducir fielmente el verdadero perjuicio que el ilícito provocó en el damnificado (conf. esta Sala, L. nº 250.357 del 4/2/99, L. nº 509.931 del 07/10/08 entre otros). 

          Para una cabal justipreciación de la partida, he de tener en cuenta también las condiciones personales de la víctima, quien a la fecha del hecho contaba con 47 años de edad, de estado civil casada -hoy día divorciada-, con cinco hijos, trabajaba en el negocio que administraba su marido en el Mercado de Hacienda de Liniers -hoy realiza tareas domésticas, trabajo por hora y cocina a pedido-, y posee una situación socioeconómica modesta (conf. constancias obrantes en los autos principales y en el Beneficio de Litigar sin gastos que requiriera la actora para accionar, expte. 45.151/2008). 

          También tengo en consideración la real magnitud del hecho, las lesiones que se denuncia haber sufrido, y el hecho de que la denuncia policial se efectuó 7 días después del incidente (según constancias obrantes en la causa penal, fs. 1 y 7, expte. 2885). 

          De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, y evaluando todos los elementos destacados, entiendo que las sumas asignadas por el anterior sentenciante de pesos veinte mil ($ 20.000) en concepto de daño psíquico y de pesos diez mil cuatrocientos ($ 10.400) para sufragar el tratamiento psicológico son razonables, motivo por el cual propondré al acuerdo que sean confirmadas en esta instancia. 

          VII. Ha sido también cuestionada la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) conferida para resarcir el daño moral. 

          Dicho perjuicio puede ser definido como la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los derechos extramatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín, ob. cit., tº I, pág. 271, núm. 243; Cazeaux, en Cazeaux-Trigo Represas, ob. cit., tº I, pág. 215; Mayo, en Belluscio-Zannoni, ob. cit., Tº II, pág. 230; Zannoni, Eduardo, "El daño en la responsabilidad civil", pág. 287, núm. 85; Bustamante Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", pág. 223, núm. 55). 

          Pueden destacarse dos cualidades en el daño moral: primera, que él supone, no sólo el dolor de afección, sino también el que resulta de cualquier atentado a la integridad de la persona humana: dolor físico, perjuicio estético. Segunda, que el daño moral debe ser el resultado de un ataque a los derechos de la personalidad, a su patrimonio moral, sea directa o indirectamente, sin que obste a ello la circunstancia de que a la par de él se produzca un perjuicio material para la víctima (conf. Acuña Anzorena, Arturo, "La reparación del agravio moral en el Código civil", La Ley, t. 16, nº 532). 

          En la especie, tengo en consideración tan delicado hecho, en el que se demanda al emplazado por los daños sufridos a consecuencia de un abuso sexual simple, por el que fuera condenado en sede penal, la real afectación que la desde ya reprochable conducta pudo tener en una persona de las condiciones personales de la víctima, en su vida cotidiana, social y laboral. 

          Es que, si bien este perjuicio pertenece al sagrado mundo subjetivo de los damnificados, para su reparación económica debe traducirse en una suma dineraria y no resulta sencillo determinar su quantum. Para ello deben tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido en los valores mencionados. Corresponde, pues, concluir que el daño no puede medirse en razón de las secuelas que denuncia la víctima, pues debe tenerse en cuenta en qué medida los padecimientos ocasionados pudieron haber significado un grado de afectación y quebrantamiento espiritual (conf. esta Sala, mi voto en Libres nº 466.988 del 19-3-07 y 509.931 del 7/10/08, entre otros). 

          Es así que, luego de una lectura comprensiva y detenida de las actuaciones, tanto de este expediente civil como de la causa penal que tengo a la vista, concluyo que la suma reconocida en la anterior instancia debería reducirse a la de pesos veinte mil ($ 20.000). 

          VIII. Ha sido también motivo de agravios la forma en que se impusieron las costas en la anterior instancia. 

          El ordenamiento procesal vigente adhiere al principio generalmente aceptado en la legislación nacional y extranjera cuyo fundamento reside básicamente en el hecho objetivo de la derrota, como base de la imposición de la condena en costas. 

          Sin embargo, el referido principio no es absoluto, ya que el propio Código Procesal contempla distintas excepciones, algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial, tal como lo dispone el artículo 68 en su segundo párrafo. Esa norma importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los jueces un adecuado marco de arbitrio que deberá ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificada tal exención (conf. C.N.Civ., esta Sala, R. 44.344 del 17-4-89 y sus citas; íd., R. 72.781 del 14-8-90; íd., R. 136.124 del 16-11-93; R. 150.684 del 4/7/94, nº 436.540 del 8-11-05, entre otros). 

          Bajo estas directivas, no vislumbrando en autos las especiales circunstancias que conlleven al apartamiento del principio general, entiendo que la queja en análisis debería ser rechazada. 

          IX. En definitiva, voto para que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios, con excepción del monto otorgado en concepto de daño moral, el que debería ser reducido a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000). 

          En cuanto a las costas de Alzada, las mismas deberían distribuirse en un 30% a cargo de la parte actora y en el 70% restante a cargo de los demandados, en base al éxito obtenido y a la importancia económica de las pretensiones (arts. 68 y 71 del Código Procesal). 

          Los Dres. Hugo Molteni y Luis Álvarez Juliá votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Ricardo Li Rosi. 

          Y Vistos: 

          Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios, con excepción del monto otorgado en concepto de daño moral, el que se reduce a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000). 

          En cuanto a las costas de Alzada, las mismas se distribuyen en un 30% a cargo de la parte actora y en el 70% restante a cargo de los demandados. 

          Atento lo decidido precedentemente corresponde adecuar las regulaciones de honorarios fijadas en la anterior instancia, de conformidad con lo establecido por el artículo 279 del Código Procesal. 

          Ello así, en atención a la labor desarrollada dentro de las tres etapas en que se dividen los juicios ordinarios, monto de la sentencia con más sus intereses, la existencia de un litisconsorcio pasivo perdedor, lo establecido por el decreto 91/98, los artículos l, 6, 7, 11, 19, 39 de la 21.839 y concordantes de la 24.432 como así también lo decidido por el Tribunal en cuanto a la forma de retribuir los honorarios de los peritos médicos, que carecen de un arancel propio (conf. esta Sala, H.552.146, del 18/6/2010, entre muchos otros), fíjanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. E. D. C., en pesos ... ($ ...); los del letrado patrocinante del codemandado "J.", Dr. J. H. E., en pesos ... ($ ...); los del letrado apoderado de la codemandada "B. C. SRL", Dr. P. C., en pesos ... ($ ...); los de la letrada de la misma parte. Dra. M. S. D., en pesos ... (...); los de la perito psicóloga, Lic. B. M. D., en pesos ... ($ ...) y los de la mediadora, Dra. K. V. P., en pesos ... ($ ...). 

          Por su labor en la Alzada que diera lugar al presente fallo, se fijan los honorarios del Dr. E. D. C., en pesos ... ($ ...); los del letrado Dr. P. C., en pesos ... ($ ...) y los del letrado Dr. J. H. E., en pesos ... ($ ...) (arts. l, 6, 7, 14 de la 21.839 y concordantes de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días y en las proporciones antes establecidas. 

          Disidencia parcial del Dr. Luis Álvarez Juliá: 

          Como vocal de la Sala "C", he sostenido que, en supuestos como el de autos en que a determinación de su retribución se ha efectuado con posterioridad a la vigencia del decreto 1465/07, resultan de aplicación las pautas previstas por el art. 4 de dicha norma (Conf. Sala "C", H. 509.662, del 24/6/08; íd., R.H. 498.873, del 21/8/08, íd., R.H. 524.787, del 19/2/09, entre muchos otros). 

          Con arreglo a ello, entiendo que corresponde confirmar la regulación practicada a favor de la mediadora. 

          Notifíquese y devuélvase. - Ricardo Li Rosi. - Hugo Molteni. - Luis Álvarez Juliá (en disidencia parcial).